El acuerdo sobre un nuevo plan de rescate de 85.000 millones de euros para Grecia pone al gobierno de Alexis Tsipras bajo la tutela de sus acreedores internacionales, sin que esto garantice el éxito del programa.
Las cerca de 400 páginas del memorándum de acuerdo, que detalla las medidas de ajuste y las reformas impuestas a Atenas a cambio de la ayuda financiera, abarca un amplio campo: reforma de la justicia, normas de los despidos colectivos, política de transportes, etc.
Los controles que llevarán a cabo los acreedores -Unión Europea (UE), Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- «son, formalmente, los mismos» de los dos rescates anteriores de 2010 y 2012, explica Frédéric Allemand, especialista de Europa en el Instituto CVCE. Sin embargo, esta vez, las exigencias de los «acreedores son más precisas respecto a las medidas por tomar y el calendario», asegura.
En los rescates anteriores, Grecia recibió préstamos por un total de 240.000 millones de euros (267.360 millones de dólares).
Grecia deberá, por ejemplo, obligar a las panaderías a vender el pan fijando un precio por kilo y no por unidad, para estimular una diversificación de la oferta, o prolongar la duración legal de conservación de la leche pasteurizada en los supermercados.
Otro elemento nuevo: la creación de un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros -que concierne a puertos, aeropuertos, ferrocarriles-, gestionado por Atenas, pero supervisado por los acreedores internacionales.
La tutela será muy estricta, dado que los dos primeros programas de ayuda «están lejos de haber dado resultados satisfactorios», en parte por «una puesta en práctica insuficiente» y por un contexto de «profunda recesión e inestabilidad política», según un estudio publicado a finales de julio por el laboratorio de ideas Bruegel, con sede en Bruselas. Esos riesgos económicos y políticos no han desaparecido y podrían hacer fracasar el nuevo plan de ayuda.
Las exigencias de los acreedores obligarán a Grecia a «llevar a cabo nuevos y severos recortes presupuestarios. Con una economía que se hunde, esto podría ser contraproducente», consideran los economistas del banco ABN Amro.
Una situación que ya se produjo en los anteriores programas de rescate: los acreedores se basaron en previsiones erróneas, lo que acabaron reconociendo, e impusieron medidas de austeridad que obstaculizaron el crecimiento, recuerda Bruegel.
Fuente: AFP