El Gobierno argentino aseguró el miércoles que su propuesta de pagar en Buenos Aires sus bonos bajo legislaciones extranjeras no implica un cambio en las reglas de juego y aseguró que busca proteger a los acreedores que quedaron atrapados en una disputa judicial que llevó al país a la suspensión de pagos.

La medida es un intento por sortear una orden del juez de Nueva York Thomas Griesa, quien bloqueó los pagos de la deuda argentina en el exterior hasta que el país compense con más de 1.330 millones de dólares a fondos de cobertura que lo demandaron por la suspensión de pagos del 2002, a lo que la administración de la presidenta Cristina Fernández se niega.

La orden judicial impidió a Argentina honrar los intereses de un bono Discount a finales de julio, hundiendo al país en un nuevo impago o «default» justo cuando su economía se encuentra en recesión y sufre una elevada inflación que ya golpeó la actividad.

La decisión de Argentina, que se plasmó en un proyecto de ley anunciado en la noche del martes por Fernández, implica cambiar el lugar de pago de sus bonos emitidos en los canjes de deuda del 2005 y el 2010, en los que la mayor parte de los acreedores aceptó fuertes quitas a cambio de recibir títulos que el país ha venido honrando regularmente.

El país sudamericano también decidió abrir un canje de deuda voluntario para que los acreedores con deuda bajo legislaciones extranjeras puedan recibir títulos regidos por ley argentina en los mismos términos.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que los contratos de los bonos emitidos en las dos reestructuraciones permiten al país cambiar el canal de pago. Pero el funcionario aclaró que el Gobierno argentino está dispuesto a escuchar propuestas alternativas de parte de los tenedores de bonos.

«Esta ley no es compulsiva, les permite actuar a los bonistas también, que son los que no están cobrando. Entonces, lo que decimos es ‘les vamos a pagar de esta manera si es que antes no surge otra opción gatillada por los propios bonistas que tienen intereses'», afirmó el funcionario.

Una alternativa es que los bonistas convoquen a una asamblea de acreedores para modificar el procedimiento de pago de los títulos y así evitar que los fondos sean distribuidos a través de Nueva York. Para esto hace falta una mayoría especial.

Otra opción es lograr que una cámara de apelaciones bloqueé la orden de Griesa.

En todo caso, algo debería suceder antes del 30 de septiembre, cuando el país sudamericano debe pagar en el exterior unos 200 millones de dólares por un vencimiento de su bono Par.

Fuente : Reuters