El gobierno mexicano presentó este lunes un muy anticipado plan de reforma a la Constitución para permitir alianzas conjuntas entre el gobierno y empresas privadas de energía en un país que es el tercer proveedor de crudo para Estados Unidos y cuenta con las cuartas mayores reservas de gas de esquisto del mundo.
En la actualidad, la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, produce todo el crudo y gas en México, y contrata a empresas extranjeras para perforar pozos y proveer otros servicios. Este modelo ha llevado a que la producción se desplome en años recientes.
El proyecto de ley permitiría que pesos pesados del sector, que buscan impulsar sus alicaídas reservas, como Chevron, Exxon-Mobil y Royal Dutch Shell, exploten recursos en México.
El proyecto de reforma, que parece estar bien posicionado para recibir la aprobación del Congreso, pero podría provocar una tormenta entre algunos políticos nacionalistas, representa un punto de inflexión para un país que fue el primer gran productor en nacionalizar su industria petrolera en 1938, una decisión que en las décadas siguientes imitaron otras naciones en desarrollo.
México cuenta con las leyes más restrictivas en energía, comparables a Kuwait. Incluso Cuba tiene leyes energéticas más liberales.
Las autoridades mexicanas esperan que esta iniciativa, la mayor reforma de la economía desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) en 1994, impulse el crecimiento económico al atraer inversiones de miles de millones de dólares, mejore la competitividad al bajar los precios de la energía para el sector industrial y perfile a México como una potencia en ascenso en un momento en que otros grandes mercados emergentes sufren una desaceleración.
«Esta iniciativa de reforma constitucional es el primer paso para contar con un sector energético acorde al siglo XXI», dijo Peña Nieto durante la presentación del proyecto de ley.
A pesar de ser un cambio significativo, la iniciativa presentada podría decepcionar a algunas petroleras y seguiría quedándose corta en comparación con lo que ofrecen la mayoría de países productores de petróleo.
El gobierno de Peña Nieto también señaló que no cederá una participación del crudo, sino el equivalente en efectivo del petróleo que encuentren y produzcan.
Ese tipo de acuerdo es similar al que se ofrece en lugares como Ecuador e Irán, señalan autoridades mexicanas. Otros países, como Brasil y Noruega, ofrecen la propiedad del yacimiento.
Un vocero de Chevron, Kent Robertson, comentó que la compañía daba la bienvenida a cualquier decisión de los mexicanos que proporcionan nuevas oportunidades de inversión.
México se juega mucho, dado que su producción petrolera ha caído durante la última década bajo el monopolio estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, desde 3,4 millones de barriles al día a 2,5 millones, y los nuevos recursos son más caros y difíciles de desarrollar.
El declive, que podría convertir a México en un importador neto en cuestión de seis o siete años, se produce en un momento en que Pemex ha incrementado el gasto anual a aproximadamente 20.000 millones de dólares al año, frente a los 4.000 millones de dólares de hace 10 años.
Ahora bien, el proyecto de ley pasará al Congreso que lo evaluará en septiembre, aseguran las autoridades. La oposición conservadora, el Partido de Acción Nacional que gobernó México desde 2000 a 2012, ha dicho que apoyará las propuestas, lo que le concedería al Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto la mayoría de dos tercios que necesita para aprobar las enmiendas constitucionales.
Si la ley es aprobada, marcará una importante victoria para Peña Nieto, que ganó la presidencia el año pasado con la promesa de volver a colocar a México en las grandes ligas de los mercados emergentes, una posición que perdió en la última década con el ascenso de China y Brasil.
Fuente: The Wall Street Journal